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Ricardo Rivero Ortega 
Las nuevas Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, excluyen en principio a las universidades públicas de su ámbito de aplicación, limitándose a afirmar su proyección supletoria sobre el régimen de instituciones hasta ahora sometidas plenamente al derecho administrativo. Esta declaración suscita toda una serie de interrogantes sobre el sistema de fuentes y las normas a aplicar a los procedimientos universitarios, pudiendo plantearse la posibilidad de la elaboración de reglamentos propios que adapten a las peculiaridades de las universidades (organizativas y procedimentales) previsiones novedosas en materia de Administración electrónica (registro, archivo, expediente electrónico, entre otras).
Although the public universities are subject to administrative law, the new administrative codes exclude them from their scope. The supplementary use of these norms raises questions about the sources of law and the rule to apply in the university procedures. It is possible in this frame to propose autonomus regulations adapted to the specificietes of the universities, solving the demands of e-administration (records, archives, registers).
