Antonio José Moya Fernández, Maria Encarnación Pérez-Pujazón Millán, Eduardo Trigo y Sierra
En los últimos años de crisis económica, ante el aumento de la morosidad, las entidades financieras han recurrido a las ventas masivas de cartera como medio para aligerar sus balances. En paralelo, hemos asistido a un desarrollo intenso de los relativamente recientes procesos de titulización, que se regularon por primera vez en nuestro Derecho en la década de los noventa como mecanismos que facilitan la financiación de las entidades y permiten la transferencia del riesgo asociado a la titularidad del crédito. De hecho, en el año 2011, España fue el tercer país originador a nivel europeo, situándose después de Reino Unido y Holanda.
Este artículo analiza algunas de las problemáticas procesales que plantea la reclamación de créditos que, de un modo u otro, se encuentran afectos a operaciones de ventas de carteras de créditos impagados (hipotecarios y al consumo) o a procesos de titulización de créditos hipotecarios.
Este análisis se realiza desde una perspectiva procesal y con un enfoque eminentemente práctico. En particular, se abordan dos de las cuestiones que más litigiosidad están generando en la actualidad: el retracto de crédito litigioso, incluido su ámbito y requisitos de aplicación, y la legitimación activa de la entidad de crédito originadora en caso de ejecución del crédito titulizado, incluida su facultad de cesión de remate.
In the recent years of economic crisis, owing to the increase in payments in arrears, the financial entities have resorted to massive selling of credit portfolios as a way to lighten their financial accounts. Meanwhile, we have seen a strong development in the relatively recent securitization process, which were first regulated by Spanish law in the 90s as mechanisms to facilitate the financing of the banks and to allow the transfer of the risk associated with the ownership of the credit right. In fact, in 2011, Spain was the third sponsor country at the European level, following only the United Kingdom and The Netherlands.
This article analyses some of the procedural difficulties arising from the collection of credits affected by a sale of non-performing loans (mortgage loans and consumer credits) or the securitization of mortgage loan portfolios.
The analysis takes an eminently practical approach from a procedural perspective to two of the most controversial issues in current times: the right of first refusal over disputed credits, including its scope and requirements of application, and the legal standing of the originating entity (bank) when enforcing a credit subject to securitization, including its ability to assign the auction rights.