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Resumen: La ética ofrece en España problemas muy particulares en el ámbito público que impiden distinguir los distintos niveles de responsabilidad moral, política y jurídica (disciplinaria y penal). Esto se debe en gran medida a la propia evolución de la vida pública que durante el franquismo confundió interesadamente y se ocultó bajo una retórica de valores religiosos o pretendidamente nacionales. Estas circunstancias propiciaron una fundada desconfianza visible en la abolición constitucional y legal de los tribunales de honor. Consolidada la democracia, la introducción de códigos éticos para los políticos, altos cargos y empleados de las administraciones no está dando resultados. Por una parte, se está produciendo una juridificación de lo ético, en los denominados Códigos de Buen Gobierno, con una efectividad muy limitada por no decir nula. Por otra parte, es patente la falta de desarrollo de los códigos éticos y de conducta para los empleados públicos previstos por el Estatuto Básico de 2007, por una resistencia corporativa a que se potencie el poder disciplinario de las administraciones. Solo en contadas excepciones, como ocurre en el ámbito militar con las Reales Ordenanzas, se han adoptado códigos éticos que orienten a los servidores públicos en su conducta y que generen confianza en la sociedad a la que se deben.
