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El Parlamento quiere que la Comisión proponga nuevas normas contra la corrupción y el crimen organizado en la UE. En una resolución aprobada el 25 de octubre de 2016, los eurodiputados piden la creación de «listas negras» de empresas implicadas en prácticas corruptas, que no podrían acceder a contratos públicos ni fondos comunitarios, la inhabilitación obligatoria de los condenados por blanqueo, corrupción u otros delitos graves, y reglas comunes sobre confiscación de activos y su uso para fines sociales
