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Javier Nanclares Valle
El incremento de los mecanismos de protección de la convivencia entre personas del mismo sexo por parte de las legislaciones nacionales se ha visto acompañado de un cambio en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido que dicha convivencia estable está incluida en el concepto de vida familiar y que el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene encaje dentro del derecho recogido en el artículo 12 del Convenio. En el modelo de matrimonio presente en los códigos civiles y en los textos internacionales de mediados del siglo pasado confluía el interés individual de las personas en constituir una comunidad de vida familiar, con el interés público en velar por el relevo generacional y por disponer de un marco de socialización y educación de los hijos. Tras la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y tras la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Schalk and Kopf v. Austria se constata el predominio absoluto del interés individual de los cónyuges o de los integrantes de la unión estable, sirviendo dichos modelos de convivencia para la tutela de su dignidad y de su libertad individual, así como para el libre desarrollo de su personalidad. La presencia de un interés público en la regulación y protección de ambas fórmulas de convivencia queda totalmente oscurecida. Por esta razón, resulta llamativo que se excluya de dicha protección y del acceso a dichas instituciones a otros modelos de convivencia en los que están presentes los mismos intereses individuales, así como los mismos valores y principios. La apuesta por las relaciones comprometidas heterosexuales y homosexuales, presente en otras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre la cual se justifica la citada exclusión, hace aflorar de nuevo en sede familiar la idea de interés legítimo del Estado y permite plantearse cuál es ese interés y por qué viene a ser exigido a unos tipos de convivencia y no a otros. Cuestión ésta que ha de ser correctamente resuelta, para evitar vulnerar el principio de no discriminación.
The growth of mechanisms for the protection of the cohabitation of same-sex partners in national legislations has been accompanied by a change in the doctrine of the European Court of Human Rights, which has recognized that stable cohabitation is included in the concept of family life, and that marriage between persons of the same sex participates in the right stated in Article 12 of the Convention.
In the model of marriage found in the civil codes and international texts in the mid-20th century, people’s individual interest in forming a family community merged with the public interest in safeguarding the generational shift and in providing a framework for the socialisation and education of children. After the European Union Charter of Human Rights and the sentence of the European Court of Human Rights in the case of Schalk and Kopf v. Austria we find the absolute pre-eminence of the individual interest of the spouses or the members of a stable union. These cohabitation models protect their dignity and individual freedom and also defend the free development of their personality. The presence of public interest in the regulation and protection of both cohabitation formulae is completely obscured. For this reason, it is striking that protection and access to these institutions are excluded for other cohabitation models in which the same individual interests are present, together with the same values and principles. This support for committed heterosexual and homosexual relationships, found in other sentences of the European Court of Human Rights which are used to justify exclusion brings up the idea of the legitimate interest of the State and makes one wonder what this interest is and why it is demanded for some types of cohabitation and not for others. This issue must be properly resolved so as not to infringe the principle of non-discrimination.
