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Lila García
En este artículo parto de algunos datos obtenidos en la investigación doctoral que versó sobre los casos judicializados entre personas extranjeras sujetas a expulsión y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) en la justicia administrativa federal de la Ciudad de Buenos Aires. Según esta investigación, las más de 2000 órdenes de expulsión dictadas por la DNM en 2008-2010 no tienen correlato en los reclamos judiciales contra ellas, ya que no llegan a la centena. Por otro lado, de los pedidos judiciales de retención efectuados por DNM y finalmente autorizados, el 95% no llegó a segunda instancia, lo cual revelaría un alto porcentaje de retenciones permitidas que no fueron apeladas. La principal causa es, sostengo, que las personas migrantes sujetas a expulsión no participan, por regla general, de estos procesos judiciales debido a que carecen de un adecuado acceso a la tutela judicial efectiva. En esta línea, también sostengo que algunos obstáculos son comunes a poblaciones vulnerabilizadas mientras que otros son específicos para las personas migrantes, derivados por ejemplo de la situación de movilidad y que requerirían, por tanto, ser recogidos por las teorías de acceso a la justicia que se apliquen en particular a poblaciones migrantes.
In this paper I take some doctoral research findings regarding judicial cases between foreign persons subject to expulsion and the Immigration Board (DNM) in the City of Buenos Aires’s administrative federal jurisdiction. According to my research, given more than 2,000 removal orders issued by DNM during the period 2008-2010, less than one hundred legal claims were submitted against them. On the other hand, the retention/detention petition request by DNM and authorized by the Judiciary did not reach, in a 95%, a second instance jurisdiction (Court of Appeals), which may reveal a high percentage of retentions that were not reviewed. The main cause is, I argue, that migrant persons do not take part in these processes due to a lack of an adequate access to an effective judicial protection. Under this idea, I also argue that some elements that operate impairing the access to justice of vulnerable populations in general are common to migrant populations but I identify others obstacles related, for example, with the mobility itself, that should be included by access to justice’s theories applied to migrant populations.
