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Tradicionalmente, la industria naval, aunque con matices según los países, ha sido apoyada por una política estatal de subsidios, créditos y beneficios impositivos, tanto para las empresas armadoras como para los astilleros. Este conjunto de medidas hicieron de esta industria una actividad fuertemente subvencionada en todo el mundo. Con un marco regulatorio proteccionista que promueve la construcción de barcos en el país, el desarrollo de la industria naval pesada en la Argentina se caracterizó por una fuerte intervención del Estado que se dio en el contexto de los procesos de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). El Estado argentino tuvo una importante participación en la oferta, como propietario de los astilleros, y como demandante de barcos para la Marina de Guerra, la Marina Mercante y las principales empresas públicas productoras de bienes y energía, constituyéndose así un entramado estatal con un peso significativo en el ámbito productivo y comercial.
