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El vigente marco jurídico de la estabilidad presupuestaria pretende incrementar la disciplina fiscal de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Dicho marco ha implicado en la práctica un alto grado de recentralización, lo que podría afectar a la autonomía política. El Tribunal Constitucional ha declarado que es acorde con la Constitución. Sin embargo algunas de las disposiciones legales, de ser aplicadas, podrían implicar controles del tipo que ya han sido declarados inconstitucionales previamente.
The current budgetary stability legal framework strengthens fiscal discipline for Autonomous Communities as well as for local entities. Such a framework has entailed a certain degree of centralization, which may jeopardize political autonomy. The Constitutional Court has deemed it to be in accordance to the Constitution. However, certain provisions, if applied, may imply a degree of control, which had previously been declared unconstitutional.
