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Para el área latinoamericana, nos parece de interés abordar la dimensión regional del estudio de las relaciones laborales y, en especial, su vinculación con la economía y la democracia. En efecto, son cada vez más intensos los vínculos a nivel de trabajo, economía y política, y ellos además revisten peculiaridades en las distintas áreas donde operan acuerdos regionales. Como es notorio, en las últimas dos décadas todos los países latinoamericanos han abierto sus mercados a través de acuerdos multilaterales. Estos acuerdos o tratados tienen en general una clara visión economicista, son defensores y promotores de una concepción amplia de la economía de mercado y tratan con menor consideración los temas vinculados a las cuestiones sociolaborales. La posibilidad de conciliar los aspectos económicos con las cuestiones sociales parece ser hoy en día el gran desafío de los acuerdos regionales, muchos de los cuales, pese a haber incorporado en los documentos la dimensión laboral, aún no han logrado un desarrollo de los mecanismos para trasladar al plano de la realidad los principios normativos. En este ámbito aparece también una dimensión «privada», en la que actúan las organizaciones sindicales y las grandes empresas transnacionales, en una incipiente negociación regional que podría dar en el futuro un nuevo impulso a la promoción de la tutela laboral y social.
