Los titulares de derechos de propiedad intelectual y las cadenas hoteleras llevan décadas pleiteando sobre la difusión de contenidos protegidos a través de las televisiones ubicadas en sus habitaciones. El enfrentamiento ha tomado una nueva dimensión y la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que dicha difusión está sujeta a la autorización previa de las entidades de radiodifusión. Esta doctrina favorece la creación de una nueva entidad de gestión de derechos colectivos que garantice que las cadenas de televisión y las radios obtengan una remuneración por la utilización de sus señales.