Resumen de La contratación pública en la Unión Europea: la necesaria sumisión de la normativa y la práctica contractual de las Administraciones Públicas a la competencia para garantizar el mercado único de la contratación pública.

Noemí Angulo Garzaro, Amaya Angulo Garzaro

• español

  La consecución del Mercado Único de la Contratación Pública plantea la necesidad de someter la actividad normativa y la práctica contractual de las Administraciones públicas al principio de competencia puesto que, de otro modo, no será posible alcanzar un mercado a nivel europeo en el que los operadores económicos jueguen en pie de igualdad, sin verse inmersos en artificios estatales que camuflen las tendencias proteccionistas de los Estados Miembros.

  El objetivo de este estudio es, por tanto, analizar en qué medida es necesario reevaluar la Doctrina de la Acción de Estado para someter las medidas anticompetitivas, adoptadas en el seno tanto de la actividad normativa de contratación pública como de la propia práctica contractual de las Administraciones públicas, al Derecho de la competencia de la UE o, en su caso, a la Política de la competencia de la UE. Concluiremos que, para garantizar el Mercado Único de la Contratación Pública, es imperativo que las normas de competencia sean aplicables para evaluar los efectos anticompetitivos de toda actividad llevada a cabo por un ente público en relación con la contratación pública.

• English

  The achievement of the Public Procurement Single Market is tantamount to submitting both the regulatory activity and the contractual practice of public administration to the principle of competition; otherwise, it will be impossible to guarantee an EU-wide level-playing field for all European economic operators, where no-one would end up being immerse in a scenario characterized by protectionist tendencies in the hands of Member States.

  The aim of this study is therefore to analyze to what extent it is necessary to reevaluate the State Action Doctrine in order to submit anti-competitive measures, taken within either the public procurement regulatory activity or the contractual practice itself, to EU Competition law or, when necessary, to EU Competition policy concerns. We conclude that, if the attainment of the Public Procurement Single Market is to be ensured, it is imperative that the competition rules are applicable to assess the anti-competitive effects of any activity carried out by a public body in the field of public procurement.