La creación de una lista común de la UE, iniciada el 15 de septiembre de 2016, se ha concebido como una opción de «último recurso». Su propósito es servir de instrumento para tratar con terceros países que se nieguen a observar los principios de buena gobernanza fiscal después de que hayan fracasado todas las demás tentativas de dialogar con ellos al respecto.