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La presión sobre el medio ambiente es cada vez mayor. De hecho, a pesar de los esfuerzos por regular el impacto medioambiental que se han llevado a cabo desde Europa Occidental en los últimos 40 años, la degradación del medio ambiente es cada vez mayor. El hecho de que la legislación pública resultara insuficiente a la hora de frenar la degradación medioambiental obligó a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales a proponer insistentemente la firma de acuerdos voluntarios. El fin de estos acuerdos es facilitar que las empresas alcancen una serie de objetivos de protección medioambiental dejando a un lado el tradicional enfoque legislativo. A pesar de que las políticas en materia de competencia y de medio ambiente se han desarrollado hasta la fecha de forma perfectamente independiente, las interacciones entre ambas se han incrementado de forma significativa en los últimos tiempos, pudiendo llegar a ser objeto de conflictos legales. De hecho, si se tiene en cuenta que algunos de estos acuerdos pueden llegar a restringir la competencia, estos plantean la posibilidad de entrar en conflicto con el derecho de competencia. En una publicación reciente sobre legislación medioambiental y mercado interior en la UE (Oxford, OUP, 2014) he analizado los diferentes conflictos que se plantean entre las medidas en materia de medio ambiente a nivel nacional, la conducta de las empresas en este ámbito, y el derecho de la competencia de la EU. Así, analicé hasta qué punto se han tenido en cuenta las consideraciones en materia de protección medioambiental en el derecho de competencia de la UE, y en qué medida una política económica tradicional puede llegar a frustrar la posibilidad de una mayor integración. Este artículo plantea una reflexión sobre el creciente impacto del derecho de la competencia en los aspectos relacionados con el medio ambiente.
Our environment is subject to increasing pressures. Indeed, in spite of 40 years of attempts in Western Europe to regulate environmental impacts, environmental degradation is worsening. The fact that public law fell short of stopping environmental degradation led the European Commission as well as national authorities strongly advocate the use of voluntary agreements. The rationale behind these agreements is to enable undertakings to achieve environmental protection objectives in setting aside the traditional regulatory approach. Although environmental and competition policy have hitherto been able to evolve in perfect independence, the interactions between the two have recently become intense and may be the cause of legal problems. Indeed, given that a number of these agreements are likely to restrict competition, they raise the potential of conflicts with competition law. In a recent book on EU environment law and the internal market (Oxford, OUP, 2014), I’ve been exploring the various conflicts between national environmental measures as well as undertakings’ conduct in this field and EU competition law. In so doing, I analysed the extent to which environmental protection considerations have been hitherto integrated into EU competition law and to assess whether a traditional economic posture may frustrate further integration. This article attempts to give food for thought about the increasing impact of competition law on environmental issues.
