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Cuando se alude al reparto competencial en materia de patrimonio histórico y cultural entre el Estado español y las Comunidades Autónomas, es imprescindible traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. Fue la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero la que marcó las reglas de juego y la que delimitó qué competencias tiene el Estado y cuáles la Comunidades Autónomas. Cuando esta cuestión parecía estar solventada el Tribunal Constitucional español tuvo que volver a pronunciarse en 2014 ya que de nuevo volvió a suscitarse un conflicto competencial.
