Acceso usuarios
El objeto de la presente propuesta de comunicación es el de realizar una evaluación preliminar del plan de acción contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios desarrollado por la OCDE y el G-20 (Plan BEPS). Este plan se ha estructurado en 15 acciones distintas que establecen recomendaciones relativas a distintas aspectos de la normativa doméstica y de los Convenios de Doble Imposición para evitar que a través de las disparidades en las normativas de los distintos Estados y otras asimetrías, se logre el traslado artificial de beneficios entre jurisdicciones y la minoración de los derechos de gravamen de las jurisdicciones donde se generan las rentas. El detonante para la adopción de este plan de acción han sido las publicitadas estrategias de planificación fiscal de algunas conocidas multinacionales, las cuales han logrado que el tipo de gravamen al que han estado sometidos sus beneficios a nivel global sea ínfimo. Desde esta perspectiva, el plan de acción BEPS tiene por objetivo el de realinear los derechos de imposición con la generación de las rentas. No obstante lo anterior, algunas de las acciones incluidas en el plan BEPS se habían comenzado a debatir con anterioridad a la propia adopción del plan BEPS. En la comunicación se analizará la estrategia fiscal a nivel internacional empleada por alguna de estas multinacionales para, posteriormente, analizar brevemente las acciones desarrolladas en el marco del plan BEPS y plantear si realmente se solucionan los problemas advertidos o si, por el contrario, los desafíos que plantea la planificación fiscal agresiva de las multinacionales, especialmente las del sector tecnológico, demandan un cambio de paradigma en la fiscalidad internacional, más allá de la modificación de algunos aspectos concretos. Para ello se contrastará el sistema vigente para gravar los beneficios empresariales desde los primeros trabajos en el seno de la Sociedad de Naciones con otros sistemas alternativos, concretamente, el sistema de reparto formular, propuesto como alternativa al criterio de empresa separada seguido en el Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE e incluido en la recientemente recuperada propuesta de Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades.
