La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), con carácter básico para el conjunto de las administraciones públicas, dibujaba un escenario incompleto, desde una óptica organizativa, para las EELL, dada la distribución constitucional de competencias y el debido respeto a la autonomía local