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Cesáreo Gutiérrez Espada 
España decidió (2011) adherirse a la Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes (2005). Pese a que este tratado no ha entrado en vigor todavía constituye el marco jurídico internacional de referencia en materia de inmunidad de jurisdicción del Estado. La Convención parte de una concepción restringida de la inmunidad de jurisdicción, previendo una lista de procesos en los que la inmunidad del Estado no puede hacerse valer. La Convención de las Naciones Unidas no afrontó, con todo, lo que hoy es seguramente una de las cuestiones claves en el tema: la relación entre la inmunidad soberana del Estado y el respeto a las normas imperativas de Derecho Internacional (ius cogens). La Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, regula, entre otras inmunidades, la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros, siguiendo estrechamente la Convención de Naciones Unidas.
Spain decided (2011) to adhere to the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and their property (2005). Although this treaty has not yet entered into force it constitutes the international legal framework on immunity of State jurisdiction. The Convention part of a restricted immunity jurisdiction, providing a list of processes in which State immunity can not be invoked. The United Nations Convention did not address, however, what it is now surely one of the key issues on the subject: the relationship between state sovereign immunity and respect for peremptory norms of international law (ius cogens). The Spanish Act on Immunities (Ley Orgánica 16/2015 of 27 October) regulates, among other immunities, immunity from jurisdiction of foreign States, closely following the UN Convention.
