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El tráfico de personas, y en especial de mujeres, niñas y niños, debe ser analizado como una forma de esclavitud que afecta a familias de extrema necesidad, golpeadas por la inequidad y con altos índices de carencia social, afectadas por el hambre, el desempleo, la discriminación de género, entre otros. Y por otro lado, como una ceguera institucional, patentizada en los débiles controles migratorios, la ausencia de políticas públicas contra el tráfico de personas, la corrupción, y la impunidad de los traficantes.
