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El sector aeronáutico ha celebrado con entusiasmo la adhesión de España al Protocolo aeronáutico, pues se augura un abaratamiento de las operaciones financieras relacionadas con la adquisición de derechos de uso y de dominio sobre aeronaves. Esta mejora vendría facilitada por el abaratamiento de costes financieros que se predica de la supuesta efectividad y consistencia de la garantía internacional diseñada por los instrumentos de Ciudad de Cabo. El objeto de estas páginas es examinar en qué medida el régimen legal español aplicable a las aeronaves permite colmar estas aspiraciones, y las asperezas que todavía deben limarse para que la garantía internacional pueda funcionar adecuadamente en las operaciones con aeronaves matriculadas en España.
