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Cristián García
La reforma constitucional del año 2005 entregó al Tribunal Constitucional la atribución de resolver las contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia, que no correspondieran al Senado. Dicha competencia estaba radicada hasta esa fecha en la Corte Suprema y así lo reforzaba el artículo 191, inciso final, del Código Orgánico de Tribunales. Con la entrada en vigencia del nuevo capítulo VII de la Constitución, sobre el Tribunal Constitucional, el precepto del COT se tornó incompatible con la nueva Constitución, configurándose una inconstitucionalidad sobrevenida. No obstante lo anterior, la Corte Suprema ha conocido de contiendas de competencia aplicando esta norma devenida en inconstitucional, sin que se haya abstenido de conocerla –aplicando su teoría de la derogación tácita por inconstitucionalidad previa aplicación directa de la Constitución– o haya remitido al Tribunal Constitucional –vía inaplicabilidad– para que éste controlara la constitucionalidad en su aplicación concreta
The Chilean Supreme Court authority to decide the conflicts of power between the Executive branch and first instance tribunals, was given to the Constitutional Court by the 2005 constitutional amendment. In spite of the new constitutional clause, the Congress has not adapted the final paragraph of article 191 of the Tribunal’s Code, which regulates the issue. Therefore, the statutory provision is now incompatible with the new constitutional regulation. However, the Supreme Court has applied that legal provision, despite of its lack of constitutional validity. Thus, according to the Supreme Court, the conflicts of power cannot be solved by the Constitutional Court and, also, the final paragraph of article 191 of the Tribunal’s Code cannot be subject to judicial review
