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Carlos García-Berro Montilla
La ingeniería fiscal al servicio de la defraudación siempre va un paso por delante de las soluciones que, desde la perspectiva del Derecho Penal, se ofrecen por los operadores jurídicos en general y, muy especialmente, por la Fiscalía. Como quiera que Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro, supuso un instrumento eficaz en la lucha contra la evasión de las personas físicas, se ha venido produciendo un trasvase de patrimonios desde las personas físicas a personas jurídicas (sociedades y fundaciones radicadas en paraísos fiscales) para ocultar bajo una forma societaria lo que realmente son patrimonios personales, amparándose muchas veces en figuras jurídicas no reconocidas en el derecho continental como los trust o distintos tipos de fiducia. No obstante, ello no significa que no dispongamos en nuestro ordenamiento jurídicos de criterios suficientes para, previo levantamiento del velo, imputar la renta a su real titular.
