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Actualmente, España está atravesando una problemática en el ámbito expropiatorio que es fundamental, y que consiste en determinar quién es el obligado a pagar el justiprecio del expropiado en aquellos supuestos en que el obligado principal a ello, el beneficiario, se encuentra en situación de insolvencia. Para ello, el punto de partida será analizar el contexto jurídico-económico de las expropiaciones realizadas para fines públicos y, posteriormente, ver como la relación ordinaria entre expropiante, expropiado y beneficiario se ve alterada resultando una situación extraordinaria.
