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El artículo examina las causas de inconstitucionalidad de la disposición adicional novena de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de costas, que garantiza temporalmente el funcionamiento de instalaciones de depuración de aguas residuales de interés general construidas en el dominio público marítimo-terrestre y han sido anuladas.
