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Este artículo analiza algunos de los aspectos de la STC 233/2015, de 5 de noviembre de 2015, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad formalizado por más de cien diputados contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, que modificó sensiblemente la Ley de Costas de 1988. Se pone aquí el énfasis en los aspectos del pleito que giran en torno a la impugnada nueva configuración legal de la servidumbre de protección, haciendo alusión al posible juego que el denominado “principio de no regresión” jugó y podría haber jugado en esta contienda constitucional.
