Este comentario analiza el pronunciamiento del TJUE en su sentencia de 8 de septiembre de 2015, dictada en el asunto C-105/14, Ivo Taricco y otros. En ella, el TJUE se pronuncia sobre sobre las consecuencias que la regulación italiana sobre el cómputo de la prescripción en los casos de delito fiscal puede tener sobre la efectividad de la lucha contra el fraude en el IVA, declarándola contraria al Derecho de la Unión por contravenir la obligación de los Estados miembros de combatir las actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión mediante medidas disuasorias y efectivas (ex art. 325 TFUE). Este asunto supone una nueva limitación de la autonomía procesal de los Esados miembros en pro del principio de efectividad, cuyas consecuencias pueden ir demasiado lejos y contravenir otros principios o valores protegidos constitucionalmente.