El correo electrónico se ha convertido en una herramienta clave y de uso universal. Existen numerosos conflictos judiciales en los que una de las partes aporta como prueba uno o varios correos electrónicos, sin que el juzgador, el fiscal y los letrados sean capaces de dilucidar, en la mayoría de las ocasiones, si dichos correos electrónicos son los originales o copias, verificadas o no, de éstos, ni tampoco si han sido técnicamente autentificados y, por tanto, si se trata de pruebas auténticas e íntegras. Asimismo, el auge de las plataformas gratuitas de correo electrónico y su utilización masiva en el ámbito privado, plantea cuestiones importantes relacionadas con la autenticidad de los correos electrónicos intercambiados a través de éstas y que son presentados en causas judiciales. La jurisprudencia relativa a la aceptación del correo electrónico como prueba es, también, variada, con diversas sentencias dictadas por los más altos tribunales, tanto españoles, como europeos, en lo que respecta, sobre todo, al ámbito empresarial.