La nueva regulación de la persona jurídica en el Código Penal español, tras la reforma de 2010 y, más recientemente, de 2015, incorporando la responsabilidad penal de las mismas, comporta sin duda nuevas perspectivas en el ámbito penal ambiental hasta el presente momento no visualizadas. Por medio del presente artículo se examina el ajuste de la nueva regulación penal sobre la persona jurídica a la normativa ambiental comunitaria en la que, en principio, tiene su origen. Se trata de examinar si realmente ese ajuste ha tenido lugar y de comprobar, además, si se ha producido de manera debida.