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Diego Becerril Ruiz 
La percepción social sobre la penalización de los delitos resulta un elemento clave para comprender las dinámicas sociales y su relación con los procedimientos penales. Es utilizada como justificación a una política penalista expansionista, siempre cimentada sobre las preocupaciones o alarma social. El trabajo analiza la evolución de lasuficiencia de los castigos durante la últimos 35 años (1980-2014) y la atribución de responsabilidades. Junto a la descripción y evolución, se ha construido un perfil de las personas favorables a endurecer los castigos.
La fuente de datos son secundarias, las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), los Eurobarómetros y la Encuesta Social Europea. El ámbito es nacional.
Las principales conclusiones son que la evaluación de la justicia como benevolente y la querencia de castigos más duros dibuja una tendencia de constante incremento, salvo excepcionales caídas. Esta actitud se muestra más acentuada entre las personas con bajo nivel de estudios, mujeres, de edad avanzada, ideológicamente de derecha, con ingresos inferiores y católicos.
La responsabilidad de los castigos insuficientes es mayoritariamente achacada a todo el sistema, salvo la policía, aunque más a los elementos estructurales (organización judicial, leyes) que a los funcionales (jueces, fiscales).
