No cabe duda de que la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), ha supuesto un avance sin precedentes en el marco de la introducción de nuevas dinámicas en el funcionamiento de la gestión pública.Sin embargo, transcurridos ya más de dos años desde la aprobación de la Ley podemos plantearnos ya, tras un período de vigencia en perspectiva que permite una reflexión y análisis más pausado, una serie de aspectos que mejorarían sensiblemente la norma, no tanto desde el punto de vista técnico, sino finalista, desde la prevención y lucha contra la corrupción, en el sentido extendido del carácter instrumental de la transparencia.