Delitos económicos y sistema penal: nueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso

• NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA ^[1]
  1. [1] Universidad de Salamanca

     Universidad de Salamanca

     Salamanca, España

     
• Localización: Presupuesto y gasto público, ISSN 0210-5977, Nº 82, 2016, págs. 85-118
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En el Estado de Derecho, por mandato constitucional, la tutela que a los derechos e intereses jurídicos de los ciudadanos tienen que proporcionar los órganos judiciales no se debe limitar a juzgar sino también a ejecutar lo juzgado. Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones financieras de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los Estados han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que a través de una institución como el decomiso el Estado va a actuar no solo contra las personas de los condenados sino también contra sus bienes, en la que es esencial la cooperación policial y judicial internacional

  • English

    Within the rule of law and by constitutional mandate the protection of citizen”s rights and legal interests provided by judicial bodies should not be only limited to pass rulings, but also to enforce them. It is already extremely difficult to investigate financial crimes that generate major sums of hidden profits, as well as to prove the civil and criminal liability of all involved. In this context, the judicial system is punished by society and media and perceived as ineffective, if convictions are not enforced and financial crime proceeds, property and assets are not seized. In order to fight against such situations, countries have established an asset-recovery system by means of the penalty of confiscation. Through this the public authority complements the punishment of financial crimes by reclaiming criminal”s ill-gotten spoils. For this purpose, international police and judicial cooperation is essential