Las universidades han sido durante siglos entidades instrumentales de sus promotores y financiadores. Su autonomía constitucional debiera garantizar su independencia en sus objetivos de búsqueda y transferencia del saber. Como la sociedad y la empresa no acuden prestos a utilizar estos saberes en el proceso productivo, las universidades se han visto obligadas a hacerlo ellas mismas o a potencias que lo hagan sus miembros. Aparecen para ello las empresas de base tecnológica, pero no salvan los problemas de la legislación de incompatibilidades y de contratación pública, que en este trabajo se analiza y mitiga.