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Ante la ausencia de una dogmática clara desde la doctrina y jurisprudencia aún insuficiente, el trabajo propone cuatro criterios precisos para resolver y armonizar la convivencia procesal entre el Recurso de Protección y las acciones propias sustanciadas ante los Tribunales Ambientales. La propuesta se construye desde un análisis de la naturaleza y desarrollo de la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental, en combinación con algunos estándares ya propuestos por la Corte Suprema en sus fallos.
