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Edwin Murillo Amaris
Todo proceso de conflicto y violencia marca una fragmentación social que conlleva dinámicas de ruptura de lo público que rebasan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por ende, la etapa de posconflicto debe ser contenida por una propuesta de política pública de reconciliación social que garantice la efectividad de los procesos conducentes a la convivencia y coexistencia, fundados en principios de ética pública. Desde esta perspectiva, la dinámica suscitada en Colombia desde la iniciativa gubernamental de la Ley de Justicia y Paz (2005), con sus consecuentes avances en materia de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) y el llamado "Marco Jurídico para la Paz" (2012) constituyen una aproximación normativa e institucional que debería consolidarse en una política pública, fundada en principios de ética pública para que sea efectiva. Para confrontar esta urgente necesidad de avanzar más allá de mecanismos alternativos y marcos jurídicos, la revisión de los casos de Sudáfrica y Centroamérica (El Salvador y Nicaragua) ofrecen herramientas de reflexión para contemplar lo acertado que puede ser la instauración de una política de Estado conducente a la reconfiguración social después de largos peroodos de conflicto y violencia. La configuración de un reconciliation framework puede ofrecer garantías para esta labor.
Any process of conflict and violence marks a dynamic social fragmentation involves breaking the public that exceed the alternative mechanisms of conflict resolution. Thus, the post-conflict phase should be contained by a proposed social policy of reconciliation to ensure the effectiveness of the processes leading to coexistence and coexistence, founded on principles of public ethics. From this perspective, the momentum created in Colombia since the government initiative of the Justice and Peace (2005), with consequent advances in Victims and Land Restitution (2011) and the so-called "Legal Framework for Peace "(2012), are an approximation and institutional regulations should be consolidated into a public policy, founded on principles of public ethics, to be effective. To address this urgent need to move beyond alternative mechanisms and legal frameworks, the review of the cases of South Africa and Central America (Nicaragua and El Salvador) offer tools for reflection to contemplate the wisdom that can be the establishment of a state policy conducive to social reconfiguration after long periods of conflict and violence. Configuring a reconciliation framework guarantees we can offer for this work.
