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Rocío Gallego Losada
La sostenibilidad del sistema de pensiones públicas es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española en los próximos años. La Seguridad Social atraviesa serios problemas ya que el déficit estimado en 2015 y 2016, será equivalente al 1% del PIB.
Y ello a pesar de que a lo largo de estos años hemos asistido a la legislación de un conjunto de reformas que se han dirigido principalmente a actuar sobre el factor demográfico por medio del factor de sostenibilidad, pero con el objetivo final de conseguir una contención del gasto destinado a las pensiones públicas a través de la aplicación del nuevo índice de revalorización de las pensiones, del retraso de la edad de jubilación y de la ampliación del número de años considerados en el cálculo de la pensión. Pero todas estas medidas no parecen ser suficientes para detener el imparable crecimiento del gasto derivado del envejecimiento de la población y de la jubilación en las próximas décadas de la generación del baby boom.
Una de las herramientas que puede ayudar a ese objetivo de hacer controlable el gasto es la pensión máxima. La imposición de un tope máximo a las pensiones data de los años ochenta del siglo pasado y su implantación se justificó principalmente como una decisión coyuntural debido a la complicada situación que entonces atravesaba la Seguridad Social, similar a la actual pero con otra estructura demográfica en perspectiva. El límite establecido sobre las pensiones máximas, que en principio se consideró como una medida coyuntural, se transformó con el tiempo en una decisión estructural y permanente, presente desde entonces en nuestro sistema de pensiones públicas a través de los presupuestos generales del Estado, como límite real de la prestación máxima En este artículo se analiza ese parámetro fundamental, que junto a la pensión mínima, configuran los elementos esenciales de solidaridad y redistribución de rentas que, además del principio contributivo, son el armazón del modelo sobre los que se sustenta el sistema de pensiones de jubilación público.
The sustainability of the public pension system is one of the greatest challenges facing the Spanish society in the coming years. Social Security has serious problems because its estimated deficit in 2015 and 2016 will be equivalent to 1% of GDP. The legislation reforms in the last years have failed to address this deficit because were not enough to stop the unstoppable growth of expenditure involved in the aging and retirement in the decades of the baby boom. These reforms tried to act directly on the demographic factor of the pension system through the sustainability factor, with the ultimate goal of achieving containment spending allocated to public pensions through the implementation of the new pension revaluation index, the delay of the retirement age, and the increasing of the number of years considered in the calculation of the pension.
One of the tools that can help make that pension expense controllable is the maximum pension with the imposition of a ceiling on pensions. This policy started in the eighties of the last century and its implementation was mainly justified as a temporary measure due to the complicated situation then crossed by the Social Security, a critical situation similar to the current but with a different demographic structure perspective. The limit imposed on maximum pensions, which initially was considered a temporary measure, was transformed over time into a structural and permanent decision, and remains nowadays as a limit in the actual maximum pension in the Spanish public pension system through the general state budget.
This article analyses this fundamental parameter which together with the minimum pension, are one of the essential elements of solidarity and redistribution of income principle of the framework of the model on which the public retirement pension is based, the other being the contributory principle.
