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Francisco de Borja López-Jurado Escribano 
La regulación de los patrimonios públicos de suelo que hace la Ley 8/2007, de 28 de mayo, introduce importantes novedades respecto de la normativa estatal previa. La nueva Ley prevé garantías para el destino de los bienes, a la vez que amplía los posibles destinos de los ingresos que generan esos bienes. Con esto último se quiebra en parte la tradicional consideración de los patrimonios de suelo como fondo de realimentación continua y su orientación principal a ser instrumentos de la política de suelo y vivienda. Un replanteamiento global de la figura desde una perspectiva que integre los mandatos contenidos en los dos párrafos del artículo 47 de la Constitución española, parece necesario.
The land related with the urban development owned by local and regional authorities is in Spain under a new basic regulation since the 812007 Land Act was passed on Mai 28th. The Act introduces important novelties in terms of limits to the disposal of the assets and the destination of the revenues obtained. The new regulation admits the use of those revenues for purposes different from those directly related to the housing and urban development policy of local and regional authorities.
This paper analyses the new regulation.
