La Ley de Contratos del Sector Público introduce una nueva modalidad de recurso en vía administrativa específica para el ámbito de la contratación, así como prevé también la adopción de medidas provisionales, a los efectos de dar respuesta a las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria de la contratación.
Sin embargo, la regulación prevista es solo parcialmente positiva, el sistema sigue siendo ineficaz, no se arbitra un procedimiento de vigencia para adoptar medidas independientes de la interposición del recurso y se va a potenciar la dualidad jurisdiccional.
The Public Sector Contracts Act introduces a new administrative procedure for appeal in the area of contracting, and also foresees the adoption of provisional measures, in order to respond to the obligations arising from the EU regulations on contracts. However, the legislation is only partially positive. The system continues to be inefficient; it fails to provide an emergency procedure for adopting independent cautionary measures, and it adds to the problem of the existence of two parallel jurisdictions.