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El presente trabajo analiza la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por los delitos cometidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La policía necesita utilizar armas para llevar a cabo sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes y, aunque ello, en una gran mayoría de ocasiones redunda en beneficio de toda la sociedad, en algunos supuestos concretos conlleva unos riesgos importantes. Se analiza, doctrinal y jurisprudencialmente, cómo responde la Administración pública en estos casos y en otros, como, por ejemplo, en delitos de torturas o detenciones ilegales, distinguiéndose según si los hechos ilícitos dañosos cometidos por los funcionarios policiales son en acto de servicio o fuera de él, puesto que, en este último supuesto, es más difícil concretar la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración.
