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Fermín Gallego Moya 
El período de prueba está pensado para que las partes del contrato de trabajo puedan comprobar, en la práctica, cuáles son sus respectivas cualidades y permitirles la libre separación de la relación laboral iniciada sin necesidad de afrontar las consecuencias generales de ello en el caso de que no les interese mantener el contrato. Por lo tanto, es lógico que la institución en estudio chirríe cuando las partes del contrato de trabajo ya poseen ese conocimiento recíproco. En particular, parece que puede perder su sentido cuando el empleador ya ha tenido ocasión de conocer y valorar la dimensión profesional del trabajador. En este apartado se trata de comprobar en qué medida esa apreciación abstracta e inicial se corresponde con el tenor de nuestro ordenamiento y hasta qué punto nuestros tribunales, de la mano de una complejidad casuística cada vez mayor (identificación del empresario, sucesión empresarial, titularidad pública o privada del empleador, modalidad contractual previa, características de las prestación del servicio, contacto formativo previo, duración del contrato y de la interrupción entre el nuevo y el anterior vínculo, etc.) han amplificado la escueta redacción del precepto regulador del período de prueba (art. 14 Estatuto de los Trabajadores), más allá de su literalidad, validando su establecimiento en supuestos a priori vedados, y restringiendo, en otros aparentemente legítimamente, su posibilidad, por entrañar abuso de derecho.
The trial period is intended so that parties to the employment contract can establish, in practice, what are their respective qualities and allow the free separation of the employment relationship without facing the general consequences of same in the case of unwillingness of either party to maintain contract. Therefore, it is logical that there is conflict when the parties to the work contract possess this mutual understanding. in particular, it appears that this can become meaningless when the employer has already had occasion to assess the professional performance of the worker. This section deals with to what extent this abstract and initial appreciation corresponds to the tenor of our regulations and how our courts are subject to an ever increasing complexity of cases (employer identification, business succession, publicly or privately owned, prior contractual arrangement, characteristics of service, prior training, contract duration and the interval between new and previous labour contracts etc.) which have amplified the terse wording of the regulatory provision of the trial period (art. 14 Workers' Statute), beyond its literal meaning, validating its establishment in forbidden priori assumptions, and restricting, in other seemingly legitimate ways, the possibility of abuse of rights.
