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Antonio Valenciano Sal
La insolvencia empresarial destaca por haberse convertido en uno de los mayores obstáculos en el ámbito laboral. De una parte para el trabajador, quien no percibe la contraprestación de lo pactado, siendo además el salario el único sustento económico en la mayoría de los casos; y de otra, resulta enormemente gravoso para las administraciones públicas desde la pérdida de los derechos económicos que le corresponden a razón de la cotización exigida por la seguridad social, en concepto del impuesto de IRPF por parte de la Agencia Tributaria y en perjuicio del Fondo de Garantía Salarial al ser éste responsable civil subsidiario. El presente estudio tiene por objeto analizar la Sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europa que finalmente resuelve el conflicto suscitado en casos de insolvencia empresarial derivado de una relación laboral cuando el trabajador reside ilegalmente en el país, y que no ha sido dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por parte del empresario y la responsabilidad del Consejo de Administración del Instituto de Gestión de Seguros para los Trabajadores asalariados (UWV, organismo homólogo de FOGASA en Holanda).
The issue of the insolvency of the employer emerges as being an increasing challenge in labour relations. The wages earned by the employee are not only unpaid in such event but also represent his economic sustenance and the protection of his rights to livelihood and security. The loss of social security contributions from employers represents reduced social security revenues for the State. It also entails losses on Personal Income Taxes by the State Tax Administration Agency (AEAT) and financial loss of the sums paid by Salary Guarantee Fund (FOGASA) for subsidiary civil liability. This study analyses the impact on the recent European Court of Justice (ECJ) preliminary ruling regarding the European rules on workers’ rights in case of insolvency of their employer, in a case in which the employee resided illegally in the Netherlands and was employed by a Dutch employer. When the employer stopped paying his salary and became insolvent, the Dutch Employee Insurance Agency (UWV) refused this request to receive unemployment benefits.
