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José Luis Salido Banús
La última reforma del mercado de trabajo iniciada en 2010 y culminada en lo principal mediante la Ley 3/2012 de 6 de julio dejó, en lo relativo a las modificaciones del sistema de negociación colectiva, una serie de interrogantes que desde el primer momento la doctrina científica aseguró que serían los tribunales de justicia quienes finalmente colmarían las lagunas evidenciadas. Así ha sido. Una de las cuestiones que ha planteado mayor debate a este respecto es la atinente a la nueva regulación de la prórroga normativa de los convenios colectivos, también conocida como ultraactividad. Tanto en lo que se refiere a su mantenimiento a la finalización de la vigencia del convenio inicialmente pactada, como a los efectos sobre los contratos de trabajo una vez decaído en su aplicación el convenio colectivo. La sentencia objeto de análisis y comentarios inicia una doctrina por la que se establece que perdida la vigencia del convenio, no existiendo uno de ámbito superior para ser aplicado, los derechos y obligaciones de los trabajadores son aquellos por los que se rigió su contratación, plasmados en el contrato de trabajo –verbal o escrito- bien de forma expresa, bien por remisión al Convenio Colectivo de aplicación. Doctrina que nace muy cuestionada al parecer, dado el importante número de votos particulares formulados
The last reform of the labor market started in 2010 and reached in the principal contents by the Law 3/2012 of July 6 omitted several regulation questions, especially in relation to the modifications of the system of collective bargaining. From the first moment the scientific doctrine assured that they would be the courts of justice who would finally fill the existing lacks. The opinion has been confirmed. One of the most controversial questions is the new regulation of the normative extension of the collective agreements, also known as ultra-activity. Both as regards maintenance at the end of the term of the agreement initially agreed, and effects on work contracts once fallen in applying the collective agreement. The judgment object of analysis and comments initiates a doctrine that states that when the validity of the collective agreement would be lost, and there is no other higher collective agreement to be applied, the rights and obligations of workers are those for which recruitment was governed. This doctrine apparently arises highly questionable due to the large number of individual votes formulated against it
