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El intento de prohibir el uso de la técnica de fracturación hidráulica para la producción de hidrocarburos no convencionales por parte de algunas Comunidades Autónomas tiene un nuevo ejemplo en la modificación de la legislación catalana de urbanismo. No obstante, dicha normativa también, como en los casos anteriores, ha sido declarada inconstitucional por la STC 73/2016, de 14 de abril, que en una impecable constitucionalmente doctrina ha reafirmado una vez más las competencias del Estado en la materia. Además, el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que avalan la legalidad de algunos de los permisos de investigación en la materia concedidos.
