El presente trabajo aborda la realidad práctica de la investigación de los delitos económicos, muy alejada de la que se desprende de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La tesis que se mantiene es que en España no existe un modelo único de investigación, sino varios, determinados por la combinación de los diferentes agentes intervinientes (Administración tributaria, policía, Fiscalía, Jueces y Magistrados), cuya actuación viene regulada por una suerte de Derecho �consuetudinario� basado en rutinas profesionales.