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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
La entrada en vigor de la Directiva 2014/24 UE sobre contratación pública, que concede un mayor espacio a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, parece momento oportuno para reflexionar sobre el papel y sentido de esas cláusulas sociales y sobre su regulación inicialmente restrictiva, en el ordenamiento de la Unión Europea que ha corregido en parte la Directiva 2014/24, cuyo contenido se analiza, al igual que la evolución del tratamiento de las clausulas sociales en nuestra contratación administrativa, incluidas las últimas reformas del TRLCSP que han incorporado reglas de la nueva Directiva.
