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Este artículo expone la problemática de los antecedentes penales a efectos de autorizar la residencia de ciudadanos de terceros países en España. Se critica la denegación automática de la autorización inicial de residencia por el hecho de tener antecedentes penales y el uso de los ‘antecedentes policiales’, así como la falta de criterios públicos para denegar la renovación de la autorización de residencia. En segundo lugar se aborda la expulsión administrativa como consecuencia de la condena (que incluye la expulsión directa cuando la pena privativa de libertad es mayor de un año y la expulsión indirecta por la no renovación de la autorización de residencia a causa de los antecedentes penales). Se finaliza con unas reflexiones sobre las consecuencias de carecer de la autorización de residencia para el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
