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María Dolores Blázquez Peinado
Este trabajo tiene por objeto dar un repaso a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia en materia de protección de consumidores frente a cláusulas abusivas y ver en qué medida esta jurisprudencia, pronunciada a instancias de jueces y tribunales españoles, ha forzado a nuestro legislador a modificar la normativa en materia de ejecución hipotecaria para ajustarla a la normativa europea. En esta materia, como en muchas otras, la actuación del Tribunal de Justicia se ha articulado a través del mecanismo de la cuestión prejudicial que tan útil ha resultado a lo largo de todos estos años de integración europea para la protección de los derechos e intereses de los justiciables. Nuestro punto de partida es la sentencia de 14 de marzo de 2013, Mohamed Aziz contra Caixa d’ Estalvis de Catalunya, pronunciada por el Tribunal de Justicia a instancias de un juez de Barcelona en el marco de un procedimiento declarativo. En ella, el Tribunal puso de manifiesto la existencia de graves deficiencias en el sistema de ejecución hipotecario español y obligó al Gobierno a modificar la legislación nacional. Al año siguiente, en julio de 2014, el Tribunal de Justicia volvió a pronunciarse, esta vez a instancias de la Audiencia Provincial de Castellón en la sentencia Sánchez Morcillo y Abril García. En esta ocasión la cuestión prejudicial versaba sobre la desigualdad de oportunidades ante la que se encontraban el consumidor/deudor ejecutado y la entidad bancaria ejecutora a la hora de recurrir en apelación una resolución judicial en materia de ejecución que les resultase desfavorable. Recientemente, en una sentencia de 28 de octubre de 2015, BBVA, el Tribunal ha respondido a una cuestión prejudicial sobre el régimen transitorio previsto en la legislación española en relación a la posibilidad de oposición al procedimiento de ejecución por parte del deudor hipotecario cuando existen supuestamente cláusulas abusivas. Concretamente el Tribunal se ha pronunciado sobre la adecuación del plazo concedido para dicha oposición y sobre el modo en que se le comunica al deudor hipotecario que dispone del mismo. En todas estas sentencias el común denominador es la Directiva 93/13 de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En tanto que consumidores, los deudores hipotecarios han encontrado amparo en la legislación europea frente a una legislación nacional que no les protegía de manera adecuada.
This paper aims to give an overview on the recent European Court of Justice case law on the protection of consumers against unfair terms and see how far this case law, pronounced at the request of Spanish judges and courts, has forced our lawgiver to amend the rules on foreclosure to conform them to European standards. In this matter, as in many others, the performance of the Court has been articulated through the mechanism of the preliminary rulings, which has been a useful mechanism throughout all these years of European integration for the protection of the rights and interests of litigants. Our starting point is the judgment of 14 March 2013, Mohamed Aziz against Caixa d 'Ahorros de Catalunya, pronounced by the Court at the request of a judge of Barcelona in the context of a declaratory procedure. In it, the Court revealed the existence of serious shortcomings in the Spanish system of mortgage execution and forced the Government to amend the national legislation. The following year, in July 2014, the Court of Justice had to rule again, this time at the request of the Provincial Court of Castellón in the judgment Sánchez Morcillo and Abril García. On this occasion the preliminary ruling was about the inequality of opportunities between the consumer/executed debtor and the bank when appealing a court decision on foreclosure that is unfavorable to them. Recently, in a judgment of October 28, 2015, BBVA, the Court has answered a question on the transitional arrangements provided for in the Spanish legislation regarding the possibility of opposition to enforcement proceedings by the mortgagor when there are supposedly unfair terms. Specifically, the Court has ruled on the appropriateness of the time allowed for the opposition and how it is communicated to the mortgager who has it. In all these judgments, the common denominator is the Directive 93/13 of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. As consumers, mortgage borrowers have found shelter in European legislation against a national legislation that did not protect them properly.
