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La promulgación de 99 decretos legislativos (D. L.) en junio de 2008 –al amparo de la delegación de facultades concedida para legislar a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos– trajo consigo amplia controversia por la inusual y exagerada cantidad de normas; por el contenido, en varios casos inconstitucionales de las mismas; y por las masivas protestas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se generaron consecuentemente. Estando en manos del Poder Legislativo el control político de dichos decretos, se han investigado las razones detrás de la fatídica incapacidad de los parlamentarios de ejercer su labor de control político y evitar la muerte de 33 personas el 5 de junio de 2009.El estudio de caso de este conflicto nos ha llevado a una serie de reflexiones con respecto al funcionamiento del Parlamento peruano y sus reglas de juego. Hemos analizado el fraccionamiento de las bancadas parlamentarias, su comportamiento tanto en comisiones como en el Pleno para comprender la manera en que un partido oficialista minoritario logra controlar el que hacer legislativo en un contexto de cohesión y alianzas débiles. Asimismo, enmarcado en un análisis mayor de coaliciones a nivel latinoamericano, el caso nos da pistas sobre cómo las alianzas débiles del Congreso 2006-2011, complementadas con la reglas internas de la institución, le dan mayor poder al partido de Gobierno en el quehacer diario del Poder Legislativo. En este sentido, hallamos que el Congreso peruano es una institución desbordada por reglas que favorecen votaciones mayoritarias, donde sobreviven mecanismos arbitrarios de toma de decisión, similares a las del Congreso fujimorista de los años noventa, poniendo en aprietos los criterios pluralistas propios de un sistema de representación proporcional.Así, descubrimos que la incapacidad del Poder Legislativo de resolver un caso urgente de control político se debe a la instrumentalización del poder político en la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva y las Comisiones más importantes del Congreso. Aquí, las negociaciones pragmáticas permiten bloquear el debate de iniciativas controversiales, generando una notoria y alarmante preferencia por deliberar sobre iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo, debilitando, consecuentemente, el trabajo especializado realizado en las Comisiones del Congreso.
