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Ricardo Soberón Garrido
Cien años después de la primera Convención Internacional de 1912 de lucha contra las drogas ilícitas, se ha sucedido un intenso camino de tratados, programas, discursos y realidades, para luchar contra la producción de drogas y desde donde se ha llegado hasta la identificación del problema, focalizado en las distintas formas de criminalidad organizada. Aún, en la academia persiste la dificultad en la determinación de las complejas relaciones entre uso de drogas y criminalidad,2 a pesar de los esfuerzos internacionales por fusionarlos cada vez más a nivel ideológico, político, jurídico y discursivo. América Latina, los países de la región andina y el Perú, en particular, han sido testigos protagónicos de esta historia de creciente represión, con leyes especiales, modelos basados en el control de la oferta, presupuestos provenientes de la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos. Treinta años después, estamos lejos de una respuesta final. Los países de América Latina hemos recibido presiones que pretenden librar una guerra permanente –muy funcional a terceros intereses geopolíticos– contra el flagelo del narcotráfico, pero con pobres resultados. En este trabajo, pretendo mostrar las desviaciones, errores y omisiones de esta hoja de ruta, así como un intento de alternativa para abordar este problema, ahora que existen condiciones de debate mayores.
