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A finales de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, implementó una política de confrontación directa con la delincuencia organizada. Esta decisión propició un clima de inseguridad generalizada y se incrementaron los delitos de alto impacto como las ejecuciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada. En este contexto de violencia, algunos grupos de la sociedad recurrieron a la seguridad privada a través de la contratación de paramilitares en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y la formación de autodefensas en algunos municipios de Michoacán. Este problema exhibió la incapacidad del Estado para proveer seguridad pública y la situación de algunos territorios que formalmente estaban gobernados por los poderes constituidos, pero materialmente estaban subyugados en un orden normativo paralelo contrario a laconstitución y, en algunas ocasiones, controlados totalmente por el crimen organizado.
In late 2007, President of Mexico Felipe Calderon Hinojosa implemented a policy of direct confrontation with crime organizations, this decision generated a climate of widespread insecurity and increased high-impact crimes such as arbitrary executions, torture and forced disappearan- ces. In this context of violence some groups of society hired paramilitaries in San Pedro Garza García, Nuevo León and created self-defenses in some cities of Michoacán to protect their rights. This problem exhibited the incapacity of the State to provide public security and the situation of some territories formally under the rule of law but materially controlled by the organized crime.
