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Gabriel Doménech Pascual
Cabe distinguir tres supuestos típicos en los que los Estados responden patrimonialmente por las consecuencias lesivas de los errores cometidos por sus jueces al apreciar los hechos y aplicar el Derecho a los casos sometidos a su consideración.
El primero, el más extendido y el que goza de una más larga tradición en el Derecho comparado, es el de los daños ocasionados por las sentencias condenatorias injustas y otras decisiones adoptadas en procesos penales, cuando la inocencia del afectado queda acreditada. El segundo es el de los perjuicios causados por los jueces al violar los derechos reconocidos a los particulares en determinados tratados internacionales, en los que se prevé la posibilidad de que el Tribunal supraestatal competente para declarar esas violaciones condene al correspondiente Estado a compensar a las víctimas. El tercero, el más reciente, raro y controvertido de todos ellos, es el de los daños derivados de errores manifi estos cometidos en resoluciones judiciales no susceptibles de recurso, en cualesquiera tipos de procesos. El presente trabajo analiza críticamente los costes y los benefi cios que para la sociedad tiene hacer responder patrimonialmente al Estado en cada uno de los tres casos expuestos, y llega a la conclusión de que esta responsabilidad puede ser netamente ventajosa, bajo determinadas condiciones, en los dos primeros, pero no en el tercero.
It is not obvious at all whether the State should compensate victims of erroneous judicial decisions. In Spain (and other many countries), individuals are entitled to compensation for the time spent in prison or in custody as a consequence of wrongful conviction or wrongful detention. Individuals can also seek damages before certain international courts for the harm suffered as a result of certain breaches of the law committed by national courts. And under a few legal systems (such as the Spanish one and that of the European Union) the State is liable for the harm caused by last instance judicial decisions which are manifestly illegal.
The present paper analyzes whether and under which circumstances is socially desirable to make Government pay damages for the harm caused by judicial errors, and concludes that such compensation might be eventually effi cient in both criminal and international cases, but not in civil disputes where the error at issue may eventually be corrected by national courts
