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En los últimos tiempos, la resolución alternativa de litigios de consumo y sus equivalentes en línea (ODR) ofrecen a los consumidores una forma asequible, sencilla y rápida de solución de controversias, como, por ejemplo, cuando un comerciante se niega a reparar un producto o hacer un reembolso al que un consumidor tiene derecho. Todas las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo deben cumplir con criterios de calidad, garantizando que funcionan de una manera efectiva, justa, independiente y transparente. Para garantizar que se cumplen estos requisitos y que no se producen abusos en los procedimientos, la administración pública tiene un rol muy importante. Se observa así una tendencia a la institucionalización de la resolución alternativa de los litigios de consumo.
In recent times, ADR and its online equivalent (ODR) offer consumers an affordable, simple and fast way of resolving disputes, such as when a trader refuses to repair a product or to make a refund to which a consumer is entitled. All ADR entities must meet quality criteria, guaranteeing that they operate in an effective, fair, independent and transparent way. To ensure that these requirements are met and that there is no abuse, government has a very important role. It observed a trend to institutionalization of the ADR (ODR) in consumer disputes.
